¡No más azotes!

¿Sabía usted que sólo durante la mitad del siglo XX fue abolida la pena de azotes en Chile? Sí. Antes de eso, a los presos

¡No más azotes!

El principio básico de la legislación y práctica penal durante la Colonia fue el castigo físico del individuo, el que debía ser público para que cumpliera su función amedrentadora sobre el resto de la sociedad. Las cárceles y presidios coloniales sólo tenían una función precautoria y no punitiva.

La legislación liberal del siglo XIX pretendió erradicar los castigos corporales y sustituirlos por un sistema basado en la privación de la libertad de los delincuentes, regido por normas racionales y uniformes. Sin embargo, los castigos corporales e infamantes siguieron presentes en la legislación y en la usanza penal durante todo el siglo, aunque con un menor grado de visibilidad pública. Las penas de azotes y de palos, a pesar de los frecuentes intentos de abolirlas, fueron una práctica generalizada en todo el país; de hecho, los azotes sólo fueron abolidos completamente en 1940.

Al mismo tiempo que forma de castigo, los azotes y la tortura física fueron métodos reconocidos e incluso valorados para interrogar a los sospechosos, hecho que se mantuvo hasta mediados del siglo XX.

La pena de azotes subsistió en la legislación hasta mediados del siglo XX, pero su aplicación desde fines de la centuria anterior era ya mucho menos frecuente que en la época de los gobiernos conservadores. Si bien una ley del 3 de agosto de 1876 estableció el castigo de veinticinco azotes por cada seis meses de presidio para los delitos de hurto o robo en general, un decreto publicado por el Ejecutivo a los pocos días, ordenó que, salvo en los casos de condenados previamente a la misma pena, se suspendiera su aplicación hasta que el Consejo de Estado fuese consultado. Igual suspensión debía ocurrir si los afectados eran mujeres y varones menores de dieciséis años.

A partir de entonces, el Presidente de la República ejerció en la mayoría de los casos su facultad de indultar para eximir de esta punición a las mujeres, a los niños, a los viejos y a los no reincidentes. La norma jurídica se adaptó a la realidad: después de largas discusiones, una nueva ley aprobada en 1883 limitó el castigo de azotes a los casos de reincidencia de hurto o robo, o de robo con violencia o intimidación en las personas y sólo a los varones de dieciocho a cincuenta años de edad. Sin embargo, estas medidas no suprimieron la inveterada práctica policial y judicial de aplicar los azotes como tortura para obtener confesiones, como revelaría un década más tarde el diputado Daniel Feliú al presentar un proyecto de ley de abolición de la penas. 

El cambio de siglo encontró a los legisladores confrontados a la misma discusión de comienzos de la era republicanas: los azotes seguían siendo un instrumento de dominación considerado como indispensable por muchos miembros de la elite.

Como hemos visto, aunque la pena de azotes se había vuelto a suprimir en 1823, se repuso al poco tiempo. A pesar de los frecuentes intentos de prohibirla, fue una práctica generalizada en todo el país; de hecho, los azotes sólo fueron abolidos completamente en 1940.

Según los datos estadísticos presentados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. durante los cuatro años corridos entre agosto de 1876 y julio de 1880, en las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago, Colchagua, Curicó y Talca, se habían condenado a 939 reos por hurto o robo a 73.495 azotes; de los cuales se había indultado a 744 por completo, y a 140 se había indultado parte de los azotes, habiéndose aplicado "sólo" 10.325 azotes a 195 reos, todos varones.