Otro paso del teléfono en Chile: The West Coast Telephone Company

Segunda parte de la historia del teléfono en Chile, de nuestra Saga de Telecomunicaciones. 

Otro paso del teléfono en Chile: The West Coast Telephone Company

Husbands llevó en su viaje a Europa un prospecto en el que señalaba que su Compañía adquirió para Chile, Perú, Ecuador y Bolivia los derechos exclusivos para la exportación desde los Estados Unidos de todos los instrumentos y aparatos manufacturados bajo la patente de la American Bell Telephone Company Limited y compañías asociadas.

Se advierte que la concesión otorgada por el gobierno chileno, en abril de 1880, fue hecha antes de la amalgamación de los intereses telefónicos en Estados Unidos entre Edison y Bell. Esta salvedad estaba destinada a evitar inquietudes por la mantención del nombre de Edison en la Compañía, cuando este ya no tenía derechos legales sobre la invención, al menos en el país del norte.

Después de permanecer poco más de un año en Inglaterra, sin éxito, Husbands volvía a comienzos de 1883 a los Estados Unidos, con la intención de interesar a representantes de alguna gran compañía.

Durante su estadía en Nueva York, y después de una prolongada espera, pudo contactarse con influyentes personajes del sector telefónico de su época, tales como H.L. Storke, futuro Presidente de la Empire State Telephone Company, y Albert Sawyer, Director Asistente de la Bell Company. Interesados con el proyecto, y obtenido el capital, establecerían una nueva compañía, The West Coast Telephone Company. Si bien la compra de la Compañía Chilena de Teléfonos de Edison se confirmó a mediados de 1883, la nueva telefónica, al parecer por una serie de trabas legales, solo fue registrada como propiedad en septiembre de 1884.

Según el convenio de compra firmado por Husbands y los inversionistas americanos, la nueva Compañía no limitaría su giro a la prestación del servicio telefónico en Chile, sino que lo extendería, como señalaba su nombre, a toda la costa occidental de América del Sur, llegando posteriormente a los Estados Unidos. Del mismo modo, sus intereses serían ampliados al telégrafo, uniendo los mismos puntos geográficos que el servicio telefónico:

The general route of the said line, or lines, of telegraph is from a point in the city of Concepcion, in the Republic of Chile, Bolivia, Perú, Ecuador and Colombia, and the several villages, cities and town, situated in said several states, and thence to a point in the city of New York in the State of New York, and through all intermediate point and connecting said villages, cities and towns...the object of establishing said line, or lines, being to transmit telegraphic and telephonic signals, or messages, between and connecting such points...

En Chile, los accionistas de la Compañía Chilena de Teléfonos de Edison, en Junta General Extraordinaria celebrada el 11 de diciembre de 1883, acordaron liquidar la Compañía, de acuerdo a lo establecido en los estatutos, disolución aceptada por decreto de 28 de marzo de 1884.

Husbands fue delegado por la recién creada Compañía para resolver los problemas y allanar el camino de su futura instalación en Chile. El 23 de mayo de 1884 solicitaba a una comisión de peritos el privilegio exclusivo de representación de los inventores "Bell, Blake, Watson, Ander, y de las Compañías Americana de Teléfonos de Bell, Continental de Teléfonos y Americana Tropical de Teléfonos", renunciando a su vez a los derechos cedidos por Edison en 1880. Posteriormente, en julio de 1884, una vez liquidada definitivamente la Compañía Chilena de Teléfonos de Edison, compraba todas sus propiedades, derechos y franquicias.

El privilegio exclusivo fue cedido a Husbands el 28 de julio de 1884, por un término de diez años, teniendo el derecho exclusivo de importar al país los elementos necesarios para establecer el servicio telefónico en el país. Poseedor de un verdadero monopolio telefónico, cedería finalmente todos sus derechos a la West Coast Telephone Company la que, una vez operativa, instaló sus oficinas en la calle Prat número 73 de Valparaíso.

La nueva Compañía expandirá paulatinamente su servicio en el país: en 1887, se le concede el permiso para colocar postes en caminos públicos, tender alambres y fijar soportes a fin de establecer líneas telefónicas entre Concepción, Penco y Tomé, con la condición de "no perjudicar el tráfico público"; un decreto de 23 de julio de ese año, permitió, gracias a la cesión del uso de las líneas del telégrafo, la comunicación telefónica entre Santiago y San Antonio. También en 1887 se establecerá definitivamente el servicio telefónico entre Santiago y Valparaíso, "a fin de aumentar las comunicaciones permitiendo una inmediata i continua relación al comercio i a los particulares de ambas ciudades, i con el objeto de facilitar desde luego el desarrollo de este importante ramo".

La concesión otorgada a la West Coast Telephone duraría tres años, pudiendo utilizar los postes del Telégrafo del Estado para instalar sus líneas. El tendido debía efectuarse en un tiempo máximo de dos meses, bajo la supervisión de la Dirección General de Telégrafos; la Compañía, a su vez, se comprometía a mantener "personas de reconocida competencia" para atender las líneas entre Santiago, Limache y Valparaíso. Del mismo modo, se colocarían gratuitamente aparatos telefónicos en las oficinas telegráficas de dichas ciudades, sin gastos para el Estado.

El 21 de septiembre de 1888, el gobierno de José Manuel Balmaceda promulgó un decreto que se constituiría en el primer cuerpo legal relativo a teléfonos. Este tuvo origen en la necesidad de reglamentar las condiciones a que se debían someter quienes solicitaran concesiones para tender líneas telegráficas, telefónicas o cables submarinos, con el fin de asegurar la construcción de las líneas autorizadas.

La normativa señalaba que quien quisiera tender una línea, debía presentar una solicitud al Presidente de la República, adjuntando los siguientes datos:

1º Reseña de la línea, con indicación de los puntos iniciales y de término, lugares y ciudades que debía recorrer y oficinas de servicio que se deseasen establecer.

2º Plano del terreno que ocuparía la línea.

3º Fijación de los plazos dentro de los cuales el solicitante debía comenzar y terminar los trabajos.

4º Distancia kilométrica de toda la línea.

Los solicitantes debían acompañar sus peticiones con una garantía de cincuenta pesos por kilómetro lineal; no obstante, el monto final de esa garantía sería fijado por la Dirección General de Telégrafos. El Estado se reservaba el derecho de adquirir las líneas, oficinas y anexos según tasación de peritos, previo aviso a la empresa con seis meses de anticipación.

El decreto otorgaba el permiso a particulares para la ocupación y uso de terrenos fiscales, a cambio del libre uso de los servicios por parte del Estado en caso de interrupción de las líneas estatales, sin especificar más en el punto. Por último, otorgaba el derecho a las empresas del sector de fijar sus propias tarifas de acuerdo al servicio prestado.